(Brenda Chiara. 10/05/2026).- En Bolivia, trabajar es sinónimo de esfuerzo diario. Desde muy temprano, miles de personas salen a las calles, mercados, talleres o plataformas digitales para sostener a sus familias y dinamizar la economía. Sin embargo, ese esfuerzo no siempre se traduce en seguridad ni en condiciones dignas que garanticen bienestar a lo largo del tiempo.
En ese contexto, para una gran parte de la población trabajadora, el empleo no asegura protección frente a los riesgos más básicos: enfermar, sufrir un accidente o envejecer sin ingresos. Esta situación no es aislada, sino estructural. Según la cartilla “Seguridad Social y Salud Ocupacional en Bolivia” de la organización Flora Tristán de Bolivia, cerca del 78% de las personas ocupadas trabaja en el sector informal, lo que implica que la mayoría no cuenta con acceso efectivo a la seguridad social. En otras palabras, millones de trabajadores y trabajadoras desarrollan sus actividades expuestas a riesgos laborales sin respaldo institucional.
Esta falta de protección no elimina los riesgos, sino que los vuelve menos visibles. Los peligros están presentes en la rutina diaria: en el cuerpo que se desgasta por el esfuerzo físico constante, en la exposición a contaminación, en el estrés acumulado o en los accidentes que ocurren durante la jornada laboral. Así, lo que parece cotidiano muchas veces encierra condiciones que afectan silenciosamente la salud.
Esta realidad se hace aún más evidente en sectores como el transporte, el comercio o el trabajo en plataformas digitales, donde la precariedad y la falta de regulación incrementan la vulnerabilidad. De hecho, la cartilla señala que un alto porcentaje de trabajadores en plataformas ha sufrido lesiones o accidentes, muchas veces sin acceso a atención o compensación, lo que evidencia cómo las nuevas formas de empleo también reproducen viejas desigualdades.
“Un entorno de trabajo seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental en el trabajo.” — Organización Internacional del Trabajo
Lejos de ser un problema únicamente nacional, esta situación forma parte de una tendencia global. La Organización Internacional del Trabajo advierte que los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo continúan siendo una de las principales causas de afectación a la salud en el mundo. Datos recientes reflejan la magnitud de este problema:
• 2,93 millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de factores relacionados con el trabajo.
• 395 millones de trabajadores sufren anualmente un accidente laboral no mortal.
• 361.000 millones de dólares podrían ahorrarse aplicando mejores medidas de seguridad y salud para evitar lesiones por calor excesivo en el lugar de trabajo.
Frente a este panorama, es importante comprender que la seguridad social va mucho más allá del acceso a atención médica. No se trata únicamente de poder acudir a un centro de salud, sino de contar con respaldo económico en caso de incapacidad, reconocimiento de enfermedades ocupacionales, cobertura ante accidentes laborales y acceso a una jubilación digna.
Cuando estas garantías no existen, las consecuencias son profundas: cualquier problema de salud puede convertirse rápidamente en una crisis económica familiar, afectando no solo a quien trabaja, sino a todo su entorno. De este modo, la falta de protección social termina ampliando las desigualdades ya existentes.
Por ello, garantizar condiciones seguras, acceso a la salud y protección social no solo es un derecho, sino una base fundamental para construir una sociedad más justa. Una sociedad en la que el esfuerzo diario no esté acompañado de incertidumbre ni de riesgo permanente, sino de la certeza de que trabajar también significa estar protegido.
Descarga la cartilla“Seguridad Social y Salud Ocupacional en Bolivia” AQUÍ.