Brenda Chiara y Federico Zelada. 9/07/2024. Las pensiones de jubilación, elemento crucial de la seguridad social, enfrentan una gran complejidad global debido a la diversidad de factores socioeconómicos de cada país. Sin duda, es evidente que la pandemia de COVID19 ha impactado severamente estos sistemas, provocando reducciones en las tasas de sustitución (porcentaje del salario reemplazado por la pensión).
En Bolivia, según la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el número de aportantes efectivos disminuyó de 873.642 a 789.415, más de 84.000 personas dejaron de contribuir al sistema. La ONG Flora Tristán señala que la devolución de aportes de las AFPs empeoró la situación, anulando el derecho a una Pensión Solidaria de Vejez y excluyendo a los asegurados mayores de 50 años más vulnerables (ver informe aquí), llevando a que las pensiones en Bolivia representen en algunos casos solo el 21% del salario previo, evidenciando un deterioro en la rentabilidad del sistema financiero.
En países desarrollados como Suecia, Dinamarca y Países Bajos, los sistemas de reparto y capitalización proporcionan coberturas altas, del 80 al 90%, pero enfrentan el reto del envejecimiento poblacional, que obliga a adaptar sus modelos para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo. A pesar de estas dificultades, la solidez de sus economías permite rentabilidades altas, algo inalcanzable en economías más pequeñas como la boliviana.
Chile adoptó un modelo de capitalización individual, con una cobertura del 60%, pero criticado por generar desigualdades. Las pensiones promedio representan solo el 38% de los salarios previos. Esto resalta la insuficiencia de los sistemas de capitalización individual en países de bajos ingresos.
En muchas naciones de ingresos medios y bajos, el apoyo familiar prevalece debido a que los sistemas de pensiones no logran cubrir los objetivos. En Bolivia, solo 15 de cada 100 trabajadores cotizan regularmente, a esto se suma que prácticamente el 100% de los ahorros obligatorios de los trabajadores que administra actualmente la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, están en bolivianos corrientes, es decir, sin mantenimiento de valor, lo que hace que los mismos estén totalmente expuestos a la devaluación de la moneda boliviana, que si tomamos el dólar paralelo respecto del oficial tendrían una reducción de al menos 34% de su valor. A esto se suma el carácter discrecional e inconsulto del manejo de los fondos por parte del gobierno y donde la Gestora y la propia Autoridad de Fiscalización y Control (APS) se han convertido en brazos operativos de la política gubernamental.
Todos estos aspectos revelan un sistema socialmente ineficaz vigente en Bolivia y que necesita reformas urgentes para ser eficaz, más inclusivo y dotado de una institucionalidad que garantice el auténtico control de su funcionamiento y sus mecanismos de manejo financiero, asegurando la sostenibilidad y adecuación de las pensiones frente a futuras crisis.