Ante el incremento de la pobreza en la región latinoamericana, debido a la pandemia por la Covid-19, la CEPAL propone la otorgación de un ingreso mínimo universal como una medida de protección social a largo plazo, principalmente destinado a grupos sociales más excluidos[1]. Si bien esta propuesta responde a la actual coyuntura de crisis social y económica, se requiere avanzar en el debate y propuestas para fortalecer la seguridad social a nivel regional.

 

Según la CEPAL, en 2019, el 77% de la población de la región (470 millones de personas) pertenecía a los estratos de ingresos bajos o medios-bajos y sus ingresos per cápita eran de hasta tres veces la línea de pobreza, y no contaban con ahorros suficientes para enfrentar una crisis. Ante esta realidad y como una respuesta duradera ante los efectos económicos de la pandemia, la CEPAL propone que los gobiernos no solo se concentren en implementar medidas de protección social parciales, como la entrega de alimentos, la creación de nuevas transferencias monetarias y la suspensión del pago de servicios básicos, sino que otorguen un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses, es decir, que se entregue dinero en efectivo a la población vulnerable para que cubra el costo per cápita de una canasta básica de alimentos. A nivel regional, se estaría hablando de 215 millones de personas, lo que implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB.

 

En el caso de Bolivia, según datos de Gustavo Rodriguez Cáceres[2], la línea de pobreza extrema tiene un valor promedio de Bs. 401 por persona al mes a nivel nacional. Si se siguieran las recomendaciones de la CEPAL, el gobierno debería otorgar un bono económico mínimo de 401 Bs. Respecto a la forma de financiamiento de esta medida, Rodriguez propone utilizar los ingresos por la venta de hidrocarburos (regalías, participación TGN, Impuesto Directo a los Hidrocarburos); o los ingresos que se generarían con el pago efectivo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), o también a través de mecanismos de redistribución de la riqueza que ya se implementan en otros países, como el impuesto a la riqueza, entre otros.

 

Estas propuestas recobran vigencia en Latinoamérica en un momento en el que se prevé que la superación de la pandemia tomará un largo tiempo, y que sus efectos permanecerán incluso una vez que se controle el virus en cuestión, aunque todavía son buenas intenciones sin avances concretos. El escenario es distinto en Europa donde ya cuentan con este tipo de redes de protección social, y donde recientemente España aprobó el Ingreso Mínimo Vital[3], una pensión mensual de aproximadamente 1.000 euros que cubrirá a todas las personas que se queden sin ingresos y sin poder acceder a otras prestaciones, como las de desempleo. La implementación de este tipo de medidas económicas en nuestro país ejercería la función de un bono de cesantía o de protección social, que permitiría a los trabajadores no tener que decidir entre cuidar su salud o salir a trabajar para generar ingresos económicos básicos y correr el riesgo contagiarse del virus y afectar a su familia y comunidad.

 

Pero el desafío va más allá, porque el bienestar de la población no se logra solo cubriendo sus ingresos económicos mínimos para subsistir, sino que se requieren políticas de seguridad social que garanticen su acceso a la salud pública, a oportunidades laborales que le permitan obtener una jubilación para su vejez y protección para su familia ante riesgos de invalidez y muerte, entre otros aspectos. Según Gustavo Rodriguez Cáceres[4], en Bolivia, solo 971 mil (17% de la PEA) tienen este acceso a la seguridad social, es decir, cotizan al Sistema Integral de Pensiones (SIP). Es decir, la gran mayoría de los trabajadores, 4,81 millones (83% de la Población Económica Activa), se caracterizan por no tener ingresos fijos, ser vulnerables a la paralización y decrecimiento de las actividades económicas y no gozar de los beneficios de la seguridad social, por lo que urge construir una cultura de la seguridad social y contar con un masa crítica que demande al Estado mayor trabajo en este sentido y en la aplicación de los derechos laborales que permitan mejorar esta situación.