Investigación estratégica

La pregunta que lleva por título este documento resume la actitud de los adultos mayores que por primera vez sienten flaquear sus fuerzas y comprueban que no tienen derecho a una jubilación. Resume también la estupefacción con que un asegurado al sistema de pensiones recibe la información sobre el monto de pensión de vejez que le corresponde. Dicha pregunta, planteada por los organizadores del Panel N° 8 del “Bolivia Debate: un futuro sustentable”, permite sintetizar el conjunto de problemas que las políticas públicas laborales y de seguridad social no han podido resolver hasta la fecha en Bolivia. Y, tal vez más importante, a diez años de haberse aprobado la actual Ley Nº 65, Ley de Pensiones, del 10 de diciembre de 2010, brinda la oportunidad para delinear de forma concisa el necesario ajuste de las políticas públicas en materia de seguridad social de largo plazo, a fin de que, en el futuro inmediato, la respuesta a la pregunta deje de ser afirmativa.

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La pregunta que lleva por título este documento resume la actitud de los adultos mayores que por primera vez sienten flaquear sus fuerzas y comprueban que no tienen derecho a una jubilación. Resume también la estupefacción con que un asegurado al sistema de pensiones recibe la información sobre el monto de pensión de vejez que le corresponde. Dicha pregunta, planteada por los organizadores del Panel N° 8 del “Bolivia Debate: un futuro sustentable”, permite sintetizar el conjunto de problemas que las políticas públicas laborales y de seguridad social no han podido resolver hasta la fecha en Bolivia. Y, tal vez más importante, a diez años de haberse aprobado la actual Ley Nº 65, Ley de Pensiones, del 10 de diciembre de 2010, brinda la oportunidad para delinear de forma concisa el necesario ajuste de las políticas públicas en materia de seguridad social de largo plazo, a fin de que, en el futuro inmediato, la respuesta a la pregunta deje de ser afirmativa.

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Análisis de la Ley para la Devolución de Aportes Realizados al Sistema Integral de Pensiones en Bolivia.
 
Por Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres

Introducción

La “Ley para devolución parcial o total de aportes” realizados al sistema de pensiones, según han manifestado las personas que se han movilizado para conseguirla, y según lo han argumentado los parlamentarios del oficialismo y la oposición, así como las autoridades gubernamentales relacionadas con esta materia, será beneficiosa para los asegurados que opten por retirar dichos aportes, porque les ayudará a enfrentar los problemas económicos generados por la pandemia y, además, también apuntalará la reactivación económica que el país tanto necesita.

¿Cuán ciertas son estas aseveraciones? Para responder esta interrogante, en el presente documento se realiza la revisión detallada del alcance de la Ley, un cálculo real de sus efectos en los montos de pensión, así como su impacto en la seguridad social de largo plazo en Bolivia; también se hace referencia, de manera sucinta, al impacto de esta medida en el sistema financiero y la economía nacional.

Los resultados obtenidos del análisis, como podrá verse más adelante, contradicen las aseveraciones de quienes han promovido y aprobado la devolución de aportes; de hecho, la evidencia muestra que la medida genera más perjuicios que beneficios para los asegurados y para la seguridad social en Bolivia.

La devolución de aportes no es un asunto menor porque involucra al 61% del total de inscritos en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), y porque amenaza con reducir —aún más— la cobertura del sistema, así como la calidad y cuantía de las prestaciones que brinda. Por estos motivos, a fin de contener los efectos negativos de esta medida, urge promover el análisis documentado y la discusión informada entre todos los asegurados y sus organizaciones. Para el efecto, anexamos al presente análisis, los principales documentos que han dado lugar a la medida, así como la Ley y el Reglamento en que se plasma.

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