En general, la profundidad del decrecimiento el año 2020 dependerá de cuánto se tarde en resolver el problema sanitario, principalmente en lo referente a la dotación de equipos e insumos médicos, de la protección al personal de salud en el ámbito nacional, de la realización de test masivos a la población, y la mejora en el conocimiento del COVID-19 y los mejores procedimientos para su curación a infectados en el ámbito internacional.

 

Entonces, la recuperación económica está en función del estado de avance o retroceso de la pandemia a nivel nacional e internacional; es decir, el avance o retroceso del COVID-19 marcará el ritmo y profundidad de la crisis económica y su posible recuperación. En este sentido y con mayor especificidad, la CEPAL señala:

 

En el caso boliviano, como también corrobora la CEPAL, los sectores menos afectados solo representan el 14,4% del PIB, los medianamente afectados el 65%, y los más afectados 20,6%. Estos indicadores que ratifican una vez más lo fuerte que puede ser el impacto de la Covid-19 en la economía boliviana, también señalan hacia donde deben orientarse las políticas de protección de las actividades económicas y, pasada la crisis sanitaria, las políticas de fomento a la producción.

 

A este respecto cabe anotar que en Bolivia se han emitido una serie de medidas económicas destinadas a sostener a las familias que durante la cuarentena han visto cortado su flujo de ingresos, la postergación de pago de deudas, el diferimiento del pago de impuestos y la reducción del canon de algunos impuestos, entre otras; todas ellas tienen por denominador común, su carácter puntual y de cortísimo plazo, como si la crisis económica generada por la Covid-19 fuera a desaparecer al terminar el problema sanitario. En este marco, hace falta políticas económicas de mediano plazo, que comprendan la problemática económica más allá del 2020 y asuman las medidas económicas en esa perspectiva.

 

La política sanitaria y económica del actual gobierno puede ser analizada a partir del Decreto Supremo 4229 de 29 de abril 2020 que establece el reinicio de actividades económicas de manera diferenciada por regiones de acuerdo a la situación en la que encuentre la expansión de la pandemia, para situaciones de riesgo alto, medio y moderado; y  del DS 4245 del 28 de mayo de 2020, en donde se delega la obligación de asumir las medidas necesarias para mitigar la propagación de esta enfermedad a los Gobiernos Autónomos Departamentales y  Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de sus atribuciones y competencias. En ambas normas, en el artículo 5°, se aclara que se dará continuidad a varias actividades económicas “independientemente de las condiciones del nivel de riesgo” (textual), lo cual ya implica una enorme contradicción entre nivel de riesgo y actividad económica permitida.

 

Otro hecho a tener en cuenta es que los objetivos de la cuarentena, en relación a “ganar tiempo” para preparar y aumentar las capacidades de atención del sistema de salud, no se han alcanzado, o solo muy parcialmente. En concreto, no se ha logrado aumentar el número de camas para cuidados intensivos, tampoco se ha implementado todos los laboratorios previstos, ni se cuenta con la cantidad de reactivos necesarios para realizar los análisis de detección de la enfermedad a mayor escala.

 

De acuerdo a los parámetros de la OMS, debe existir un hospital de tercer nivel por cada 75.000 habitantes, lo que significa que a la fecha Bolivia debería contar mínimamente con 149 nosocomios en pleno funcionamiento. Sin embargo, hoy apenas existen 34 hospitales públicos en los diferentes departamentos del país, sin tomar en cuenta los 45 hospitales de propiedad de la Iglesia Católica, de la empresa privada, la Caja Nacional de Salud y otros pertenecientes a la Seguridad Social, dando un total de solo 79 hospitales de tercer nivel. La situación empeora respecto a equipamiento y suministros. El Secretario General del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes La Paz), Fernando Romero, sostuvo que, de los 34 hospitales de tercer nivel en Bolivia, sólo el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz está calificado, el resto no cumple las exigencias mínimas para ser hospitales de esa categoría.[2]

 

 

Es decir, muchos trabajadores formales e informales están saliendo a su fuente laboral con una alta probabilidad de ser contagiados con Covid-19. A estas contradicciones, se suma la falta de una política de protección social a mediano y largo plazo, y la presión que ejercen sectores de empleadores para no asumir la responsabilidad de reiniciar sus actividades económicas como sucedió  con el retroceso de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo al no considerar al Covid-19 como un accidente laboral. Si a esto se adiciona la determinación tajante del Ministerio de Salud de limitar la realización de test masivos a la población, y el casi ningún avance significativo en la implementación de Unidades de Terapia Intensiva, agravado por el reciente escándalo de corrupción en la compra de ventiladores; el escenario más probable después de mayo de 2020 consistirá en una escalada exponencial de personas contagiadas a un ritmo mucho mayor que el presente.

 

Este escenario – que es el más probable – obligará a las autoridades a reimplantar otros ciclos de cuarentena más o menos largos y restrictivos hasta que la aplicación de una vacuna modifique radicalmente el ritmo de expansión de la pandemia. Estamos hablando entonces de un horizonte de 12 a 18 meses de emergencia económica y sanitaria a nivel nacional. Por tanto, el escenario probable será el de una caída de la economía en “U”, pero con la parte baja de la curva prevaleciente durante el período 2020 y 2021, año en el que se espera que se implante una posible vacuna a nivel mundial.

 

El escenario mundial incluso se prepara para una recuperación en forma de L. Este tipo implica una recesión de la economía y su posterior recuperación. «Concretamente, aquella recesión que se produce de forma pronunciada y cuya recuperación es muy lenta», explican desde SelfBank. En este caso, la recuperación de indicadores macroeconómicos como el empleo o el PIB puede durar años, o incluso décadas. «Es la forma de recesión y recuperación más dramática que existe: la caída suele ser drástica, pronunciada y envuelta de crisis y pánico; mientras que la recuperación suele ser tan lenta que a veces incluso es referida como un periodo de depresión», indica la firma.[4]