El proyecto de ley de devolución de aportes, aprobado en grande la semana pasada en la cámara de diputados de nuestro país, es nefasto y perverso. Es la conclusión a la que se llegó en el programa “Punto de Llegada” del 18 del presente mes.

 

Según el proyecto de ley aprobado en grande, podrán retirar el 15% de sus aportes aquellas personas que tengan 100 mil bolivianos o menos, independientemente de su edad; 15 mil bolivianos aquellas que tengan más de 100 mil, sin importar su edad; y podrán solicitar la devolución de todos sus aportes, las personas que tengan menos de 10 mil bolivianos y sean mayores de 50 años. Todas estas personas, muchas sin saberlo, e incluso pensando que es un beneficio, se condenarán a perder la fracción solidaria, que es un monto de dinero destinado a mejorar sus pensiones, y en el peor de los casos renunciarán definitivamente a una pensión de vejez.

 

Los impulsores de esta medida engañan descaradamente a las y los aportantes necesitados de dinero en efectivo, señalando que no se afectará a la fracción solidaria. Si bien se eliminó el Art. 8 del anterior proyecto de Ley que señalaba expresamente la pérdida de este beneficio, en la actual propuesta se incluye un nuevo artículo[1] que abre la posibilidad de reponer los montos devueltos, y que según la aclaración realizada por algunas autoridades[2], “…si es que uno no llega a reponer ni siquiera va a tener la posibilidad de tener la fracción solidaria o pensión solidaria de vejez…ni prestación de invalidez…si no repongo voy a perder tiempo aportado…te va a bajar la densidad de aportes, incluso puedes no tener renta ni prestación de salud”. Según datos presentados en el Programa Punto de Llegada, si una persona retira 15 mil bolivianos, en el quinto año debe devolver 19.144 bolivianos; en 10 años, 24.433; y en 30 años, 64.829 bolivianos. Es decir, se trata de una especie de crédito muy caro, que la mayoría no podrá devolver, lo que hará que pierdan la fracción solidaria o simplemente no puedan jubilarse.

 

La afectación a los derechos de quienes tienen menos de 10 mil bolivianos y son mayores de 50 años, sin un empleo formal, es gravísima porque les obliga a renunciar a una pensión de jubilación y al seguro de salud. A saber, se trata de 219 mil personas aproximadamente, cantidad que habría que al menos duplicarla porque no solo se perjudicará el o la aportante sino también su cónyuge, principalmente mujeres y/o beneficiarios menores de 25 años. Recordemos que, en Bolivia, solo 15 de cada 100 son jubilados, pero si se permite que esta cantidad de personas retiren sus aportes, este porcentaje se reducirá, es decir, en el futuro habrá más adultos mayores desprotegidos.

 

Las personas que tengan más de 100 mil bolivianos al retirar sus aportes se arriesgan a perder la fracción solidaria, lo que se traducirá en rentas bajas.

 

Para profundizar en datos, pueden ver el programa completo aquí:

 

Foto: Pixabay